El artículo 27 de la Constitución dice que “el profesorado, los padres y las madres y en su caso, el alumnado intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos”. La resolución aprobada por el Consejo Escolar del Estado señala que “la participación democrática de los padres y madres no es sólo un derecho constitucional que asiste a éstos, sino que está indisolublemente ligado a la obligación que conlleva todo derecho, que es la de ejercerlo con arreglo a lo establecido en la norma de la que dimana”.

La participación de la comunidad educativa se está viendo mermada, cuando no eliminada, en el proceso de desarrollo e implantación de la Ley Orgánica de Educación en las comunidades autónomas.
La resolución concluye que “el trabajo diario de estas asociaciones, y de las federaciones y confederaciones que las aglutinan, es indispensable en un estado de derecho organizado desde un concepto de participación democrática de los ciudadanos y debe ser facilitado y valorado”.
La resolución concluye que “el trabajo diario de estas asociaciones, y de las federaciones y confederaciones que las aglutinan, es indispensable en un estado de derecho organizado desde un concepto de participación democrática de los ciudadanos y debe ser facilitado y valorado”.
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